El gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de ley de muerte digna o, formulado más exactamente, el proyecto de Ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso de la muerte. Es un buen proyecto, listo ya para su tramitación en el Parlamento andaluz. Preparado y debatido durante largo tiempo, el texto que llega a la Cámara autonómica no se limita a complementar la normativa existente sobre testamento vital, autonomía del paciente y tratamientos paliativos, por ejemplo, sino que cubre vacíos legislativos en ese terreno e implica netos avances en cuanto al derecho a morir con dignidad.

Elaborado desde el espíritu que se expresa en la frase "una vida digna no puede verse truncada por una muerte indigna", será necesario dar a concocer adecuadamente el proyecto de ley a la opinión pública para que sea valorado como merece y para contrarrestar las opiniones oscurantistas contra él que ya se han expresado.

Hará falta también ir pensando en una ley de objeción de conciencia, que bien vendría que fuera de ámbito estatal, como ha sugerido la misma consejera de Salud de la Junta de Andalucía, para regular desde la legalidad los casos que se produzcan en éste y otros terrenos, evitando que se den abusos de esa figura jurídica tan preciada que es la objeción. No es de recibo que mediante tales usos abusivos del derecho de unos se vean recortados por la vía de los hechos los derechos de otros legalmente amparados.