Un escándalo de corrupción involucra al tesorero del PP

El escándalo de corrupción que crispa al máximo la vida política española acaba de llegar a uno de sus puntos máximos al comprometer seriamente ante la justicia al tesorero nacional del Partido Popular, el senador Luis Bárcenas, un hombre de confianza de Mariano Rajoy que hasta ahora lo ha defendido a capa y espada. El senador figuraría en la contabilidad ilegal de la red como cobrando comisiones ilegales por 1,3 millones de euros. Luis Bárcenas niega categóricamente los hechos, lo mismo que estas transferencias de dinero tengan que ver con un amplio aumento de su patrimonio inmobiliario.

En la investigación del llamado "caso Gurtel" han ido cayendo importantes cargos electos y altos funcionarios de la comunidad de Madrid que fueron apartados de la militancia por el PP o dimitieron a pedido de Rajoy. "Gurtel" quiere decir "correa" en alemán y con esa palabra los investigadores aludieron al principal imputado como jefe de la red de corrupción y lavado internacional de dinero, el empresario Francisco Correa, y varios cómplices que están detenidos.

En la indagación que se refleja en la instrucción judicial, aparece el tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, como mencionado por Correa como receptor de mil millones de pesos como contrapartida a hechos ilegales. Además, en una contabilidad clandestina que llevaba Correa, aparecen varias anotaciones que implicarían a Bárcenas y los otros comprometidos.

La fiscalía Anticorrupción, un informe de Hacienda y otro de la policía, han llevado al Tribunal Superior de Madrid a elevar el caso al Tribunal Supremo debido a la condiciones de aforados del senador Bárcenas, el diputado Jesús Merino, y el eurodiputado Gerardo Galeote.

Bárcenas, según el fiscal, podría haber cometido delitos contra el fisco y otro tanto el diputado nacional Jesús Merino, portavoz adjunto del grupo parlamentario popular y ex vicepresidente de la comunidad de Castilla León.

En medio de una gran repercusión mediática, estas posibles complicidades llegaron al Tribunal Supremo que pidió al fiscal que informe si corresponde asumir la parte de la indagatoria de los aforados o la causa entera. En ella están imputados una decena de altos funcionarios y cargos electos del PP, algunos como el ex alcalde de Boadilla para quien el juez pide más de un millón de fianza.

La investigación del este magaescándalo estuvo a cargo del juez Baltasar Garzón a partir de noviembre de 2007 ante la denuncia de un ex concejal del Partido Popular que aportaba pruebas sobre la existencia de una red de corrupción. El ex concejal presentó los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción pero le aportó, además, 17 horas de grabaciones donde los principales acusados dan todo tipo de detalles sobre sus actividades.

Correa, en las grabaciones, cita a Bárcenas como uno de sus contactos de más alto nivel para las operaciones ilegales.

La red corrupta también actuaba en Valencia, sobre todo a través de José Ramón Blanco Balín, el "bigotes", quien organizó una serie de empresas que funcionaban de tapadera para operaciones de blanqueo de millones de euros en paraísos fiscales.