Ventajosa la actitud de quienes, ante la imposibilidad de desconocer que el Gobierno es el único responsable de sus líos con las cortes, optaron por culparlos a ambos para que siendo todos culpables puedan exculpar a Uribe del ‘enfrentamiento’ de poderes que no existe.

Aquí lo que ha pasado es que la Corte Suprema está ejecutando una acción lícita, consistente en sancionar a los congresistas vinculados con paramilitares, en su mayoría uribistas, y contra esa decisión el Gobierno desató la guerra sucia de ‘chuzadas’ y seguimientos.

Ni es cierto que los magistrados sean mafiosos o lavadores porque algunos compartieran socialmente con Ascencio Reyes, personaje que tampoco resultó narco, ni es verdad que el problema del Gobierno con las cortes se haya suscitado porque Giorgio Sale, hoy preso en Italia por narcotráfico, le haya regalado un reloj a un magistrado.

Si la Corte no hubiese iniciado el juicio de la parapolítica o encarcelado a los queridos amigos de Uribe, al Gobierno le habrían importado un pepino el reloj de Sale o los cuentos de Ascencio, como nunca le ha importado que este último sea contertulio del general Freddy Padilla. Si fuese delito tener un amigo mal relacionado o preso por narco, la tesis haría estragos en la ‘Casa de Nari’.

Las relaciones de los magistrados y el regalo de un anillo a uno de ellos se volvieron útiles cuando el Gobierno decidió que, como esa Corte no dejaría morir la parapolítica, había que cortarle las alas porque volaba muy alto.

 Por eso apareció alias ‘Tasmania’, como ‘campanero’ avisando al Presidente de un supuesto complot en su contra, del que después se retractó. Luego vinieron denuncias temerarias contra el magistrado Iván Velásquez. Más tarde una extraña tutela del ministro Diego Palacio intentó sin éxito cercenar la sentencia de la Corte que condenó a Yidis Medina.

Enseguida ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales a magistrados y opositores. Y, más recientemente, un comunicado del consejo de ministros, leído en directo por un ministro que, como Valencia Cossio, está diezmado, pues está impedido moralmente para sostener controversias con la Corte, mientras la suerte judicial de su hermano siga dependiendo de esa Corporación.

Tuvo razón Augusto Ibañez, el enhiesto presidente de la Corte, al declinar la lagarta propuesta del procurador Ordóñez, de ofrecerse como mediador, al recordarle que la Corte Suprema no está enfrentada con el Gobierno y menos que necesite intermediarios, con lo cual le sugirió con suavidad boyacense que lo que se necesita es un procurador imparcial, lo que no es Ordóñez.

Sí, en la Procuraduría, donde todavía hay gentes buenas, comentan con pánico que mientras Ordoñez se autoproclama como conciliador del conflicto que sólo existe en su imaginación, por otro lado anda con lista en mano impulsando sanciones o denuncias penales no contra bandidos si no contra sus contradictores políticos, religiosos y personales, los de Uribe y el Gobierno, auxiliado por unos pocos subalternos o por fiscales urgidos de halagar al sucesor de Iguarán para que los confirmen en sus cargos y por abogados litigantes cercanos a la familia presidencial

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