Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma en aplicar un régimen de protección jurídica a los enclaves arqueológicos subacuáticos, al inscribir 56 yacimientos situados bajo aguas continentales e interiores en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado este martes proteger estos enclaves siguiendo así las recomendaciones de la Unesco. 

Los yacimientos, que abarcan todas las culturas desde la Protohistoria hasta la Edad Contemporánea, se distribuyen por todas las provincias andaluzas, incluidas las interiores, ya que la lista recoge tanto restos submarinos como sumergidos en embalses. Las que presentan un mayor número son Cádiz, con 31, y Huelva, con 10, y les siguen Málaga (6), Almería (4), Granada (2), Jaén (1), Córdoba (1) y Sevilla (1).

Entre los enclaves de mayor antigüedad figuran el de Punta del Nao en Cádiz, con abundantes hallazgos púnicos y romanos, y la Ría de Huelva, con restos de finales de la Edad del Bronce. Entre los más modernos, se incluye el pecio del Empire Warrior, buque británico hundido en Huelva en 1941 por tres aviones alemanes.

Incorporación de nuevos yacimientos

La protección de este patrimonio es el resultado de años de investigaciones, que se vieron impulsadas en 1997 a raíz de la creación del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, con sede en la ciudad de Cádiz. La relación podrá ampliarse con la incorporación de nuevos yacimientos que se localicen y documenten en el futuro.

La declaración como zonas arqueológicas, que también se adelanta al plan de ámbito nacional diseñado por la administración central, tiene como principal objetivo preservar del expolio todo el patrimonio subacuático de carácter histórico.

Entre otras medidas de protección, establece la obligatoriedad de una autorización de la Consejería de Cultura para las obras e intervenciones de remoción de terrenos en las zonas delimitadas, como construcción de gasoductos y puertos, dragados, regeneración de playas y parques eólicos-marítimos.

A los 56 yacimientos incluidos en el catálogo con el máximo nivel de protección, se añaden otros 42 espacios subacuáticos declarados recientemente por la Consejería de Cultura como Zonas de Servidumbre Arqueológica y definidos como aquellas áreas en las que se presupone la existencia de restos, aunque sin conocimiento documentado.