Por mi parte, voy a explorar otro camino: ¿por qué no pensar que la alta abstención en esa parodia de elecciones se debe a un ejercicio de honradez ciudadana?

Veamos: según dicen nuestros medios de comunicación, el 70% de las leyes que promulga el ejecutivo español consisten, simplemente, en la transposición de directivas emanadas de Bruselas, ya sea directamente de la Comisión o del Parlamento. En cualquiera de los dos casos, no tenemos constancia de ningún debate público sobre ellas. Tomemos dos ejemplos: el proceso de reconversión de la enseñanza universitaria, también llamado proyecto Bolonia, y la Ley de Extranjería.

El primero consiste en un paquete de recomendaciones, normas e informes que aunque no tienen carácter preceptivo, pues la educación superior sigue siendo materia reservada a los Estados miembros y no es competencia de la Unión, traza las líneas maestras para crear un auténtico mercado de la formación superior y de la investigación, supeditándolas a los dictados de tal mercado y estrechando los lazos con aquellas empresas que estén interesadas en dichos negocios.

El otro ejemplo, la Ley de Extranjería, condena a varios miles de personas, que por distintos medios han llegado hasta los territorios de la Unión, a no poder ser ciudadanos de pleno derecho, introduciendo limitaciones a sus desplazamientos, creándoles problemas para acceder al trabajo y a los servicios sociales, hostigándoles de mil maneras y alimentando soterradamente una profunda xenofobia, al penalizar la ayuda desinteresada que ciudadanos europeos pudieran proporcionar a los recién llegados.

¿Quién quiere legitimar a la UE?
¿Querría alguien en su sano juicio identificarse, aunque sólo fuera por un momento, con personajes tan inicuos como dichos legisladores?, ¿querría alguien acarrear la responsabilidad por tales desmanes, aunque fuera la responsabilidad infinitesimal de un voto entre 500 millones, que legitimara esas formas de proceder? Creo que más bien al contrario, el rechazo de unas dinámicas de gobierno que no son en absoluto controlables por las poblaciones y que tienen todo el aura de legitimidad que les confiere el que quienes toman las decisiones hayan sido elegidos, es una muestra de buen sentido ciudadano y en ningún caso de lo contrario.

 El problema, a mi modo de ver, está en encontrar las formas de traducir ese buen sentido en dispositivos de acción común a escala europea, pues sólo así conseguiremos que la deslegitimación de las actuaciones elitistas de las altas capas de negocios y Gobiernos, llamadas la “clase política europea”, no sólo se vea desposeída de toda legitimidad sino que deba enfrentarse a un contrapoder real de las poblaciones. Si Europa es algo, es el territorio de las luchas futuras, que debemos aprender a cartografiar, y no sólo la sala de esgrima de las oligarquías europeas.