Luis Armando González DIARIO CO-LATINO

América Latina  vivió asolada, durante gran parte del siglo XX, por los golpes de Estado auspiciados por el estamento militar, muchas veces en alianza con sectores civiles que siempre buscaron obtener una cuota de poder a cambio de su apoyo a quienes con las armas en la mano se sabían dueños del destino de las sociedades latinoamericanas.

Con las transiciones a la democracia de finales de los años ochenta, los golpes de Estado comenzaron a ser exorcizados y poco a poco la inestabilidad política y la violencia asociadas a ellos fueron siendo parte del pasado.

Al finalizar los conflictos armados, a principios de los años noventa, Centro América entró en un ciclo de democratización que, no sin dificultades, fue dando algunos frutos importantes. Uno de ellos fue la aceptación de que las sociedades centroamericanas –con excepción de Costa Rica— tenían que ser desmilitarizadas y que, en ese sentido, el protagonismo político de las Fuerzas Armadas llegaba a su fin.

Obviamente, no se trataba de un logro menor. Sobre todo, si se toma en cuenta que en la región –principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador – la participación política de los militares, por la vía del golpe de Estado, fue generadora –durante muchas décadas— de inestabilidad, violencia e irrespeto a las normas constitucionales fundamentales. 

Cuando inició el nuevo siglo, otros eran los problemas de los países centroamericano; el temor a los golpes de Estado era cosa del pasado… O por los menos así lo quisieron creer quienes estaban seguros de la solidez de las conquistas democráticas.  

El golpe de Estado al presidente hondureño, Manuel Zelaya, ha despertado a las sociedades centro americanas –y a las sociedades latinoamericanas en general— del sueño democrático. La pesadilla de los golpes de Estado ha aparecido de nuevo en escena, con la brutalidad y la violencia de otras épocas.

Nuevamente hemos visto en las calles a militares amenazando a la gente, con sus fusiles a punto de ser disparados; hemos sabido de  capturas a figuras políticas de primer nivel –comenzando con el presidente Zelaya— realizadas con lujo de barbarie; hemos sido testigos de la frustración ciudadana ante la fuerza militar, sostenida por metralletas y tanquetas. 

Igual que en los años sesenta y setenta en América del Sur; igual que en Centro América desde 1931 hasta 1979. Lo peor –la verdadera mugre— han sido los comparsas del golpe de Estado que, dentro y fuera de Honduras,  han buscado justificar lo injustificable. 

No se dan cuenta –su cortedad de miras y sus ambiciones se los impiden— de que una vez que se justifica un golpe de Estado otros muchos golpes de Estado pueden ser igualmente justificados, en una espiral de abusos que después es difícil de contener.

Es esa espiral la que hay que cortar de raíz, lo cual exige oponerse a cualquier relevo del poder político por la fuerza. Demasiado daño hicieron a las sociedades latinoamericanas y centroamericanas las irrupciones violentas de los militares.

Hay heridas dejadas por esas irrupciones que todavía están frescas; no se debe permitir que se abran otras. No se tiene que permitir que el ejemplo de militares inescrupulosos y sedientos de poder, como es el caso de los hondureños, se convierta en un ejemplo a seguir por militares de otros países. 

Si esto sucediera, volveríamos a caer en las garras del terror institucional, las desapariciones, las torturas, el asesinato y la persecución política.