La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denunció ayer, en una entrevista a la agencia EFE, que a su partido le consta que “desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios y a destacados dirigentes nacionales”.
Tras reafirmarse en las declaraciones que realizó hace dos días en las que pedía al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP, Cospedal dijo que España vive en estos momentos “un estado policial” que lleva al Ejecutivo a “utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia”. Según dijo, tanto el PSOE como el Gobierno “intentan corromper a las instituciones de la democracia”, incurriendo en un caso de “corrupción política”.
Cospedal aseguró que los fiscales están “muy molestos” con la actuación del Gobierno en la instrucción del caso Gürtel, ya que pertenecen a una institución que ha de ser “garante de la ley y del Derecho para todos los ciudadanos”. “La Fiscalía está para perseguir a los delincuentes, los delitos y a los etarras, y no para perseguir o aniquilar a la oposición, como pretende el PSOE”, añadió.
Las escuchas telefónicas a las que se refirió Cospedal serían contra el dirigente popular Federico Trillo, a quien algunos medios de comunicación le acusaron de presionar vía telefónica al magistrado del Tribunal Superior de Valencia Juan Montero. El PP desmiente los hechos si bien reconoce que Trillo sí habló con un Montero, pero con Juan Ramón Montero, uno de los abogados del partido. Asimismo, el PP insistió en que Trillo ya presentó una denuncia el pasado 24 de julio entre otras cosas por interceptación ilegal de las comunicaciones.
Por su parte, Trillo, sugirió anoche que otro de los posibles espiados por los “instrumentos del Estado” habría sido el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
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