El juez Baltasar Garzón ordenó anoche el ingreso en prisión de los cinco políticos de CiU y PSC detenidos por presunta corrupción urbanística en el marco de la operación Pretoria. Los encarcelados son los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC, Luis García. El magistrado de la Audiencia Nacional decretó libertad bajo fianza para los otros cuatro encausados

Garzón sostiene que las actividades principales de esta supuesta trama consistían en lograr modificaciones de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda Pública, fraude en la obtención de subvenciones de la Unión Europea, extracciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo. Para ello, el juez relata que aprovechaban “los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás”.

En la resolución, el juez refleja un fraude de 44.754.000 euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras. También cifra en 637.590 euros la cantidad que habría percibido Prenafeta por las operaciones, mientras que Alavedra habría conseguido la misma cantidad por intermediar en esos proyectos, que habría blanqueado fuera de España para luego volverla a introducir en el país.

Garzón acusa a los imputados de formar parte de “un grupo organizado” y detalla el modus operandi de la presunta trama. En primer lugar, los ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien “gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados”, favorecía su tramitación, “repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos”.





 No obstante, la empresa adjudicataria no llegaba a realizar el proyecto, sino que quedaba paralizado hasta que se producía una modificación del plan urbanístico. Tras la recalificación, el proyecto se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación.

Por último, Garzón justifica su decisión de enviarles a prisión, ya que si bien no existe, según el magistrado, riesgo de fuga dado el arraigo y la avanzada edad de varios de ellos, sí podrían continuar en la misma dinámica o destruyendo pruebas.

Por otro lado, la dirección del PSC anunció anoche que el lunes suspenderá de militancia al alcalde de Gramanet, Bartomeu Muñoz, al concejal Manuel Dobarco y al director de servicios Pasqual Vela, y les pedirá que renuncien a sus cargos.

La decisión del juez Garzón acapara las primeras de todos los diarios, con especial incidencia en las fotos en las que se ve a los detenidos esposados. EL PERIÓDICO apunta que “la exhibición de los detenidos esposados causa desconcierto”.

EL MUNDO habla de “imagen insólita” en la Audiencia Nacional y titula: “Esposados entre bolsas de basura”. Según EL PAÍS, las fotografías fueron captadas “inopinadamente” debido “a la inexperiencia” de los guardias civiles que condujeron a los detenidos.

PÚBLICO dice que “el PP ya tiene las fotos que quería” y recuerda que los populares argumentaron que la Policía sólo esposa a los imputados del PP. Al hilo de esta referencia, LA VANGUARDIA resalta que “algunos pagaron pena de telediario, en referencia a la expresión acuñada desde el PP.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, calificó de “injusto” el trato que Garzón dispensó a los detenidos, sobre todo en comparación con otros procesos. Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva de ERC, Ignasi Llorente, consideró que algunos se darán cuenta ahora de “cómo se las gasta determinado juez”.

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