“’Vivimos la resaca de nuestra borrachera inmobiliaria’. Esta frase del socialista Fernando Moraleda, Exsecretario de Estado de Comunicación del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero resume bien el desconcierto de los españoles frente a la reciente acumulación de asuntos de corrupción vinculados al urbanismo.
Los descubrimientos de colusión entre cargos electos municipales y promotores, se multiplican en todas las autonomías españolas, afectando a todo el conjunto del tablero político. Según el diario ‘El Mundo’, que ha realizado una investigación en base a 28 actuaciones jurídicas, el costo de la corrupción vinculada al urbanismo alcanzaría los cuatro mil cien millones de euros”.
“Este tema, que no figuraba entre las preocupaciones de los españoles durante los últimos años, aparece hoy, según el último estudio realizado por el CIS, en cuarto lugar de sus preocupaciones, tras el paro, la situación económica y la inmigración, pero antes incluso que el terrorismo de ETA. El sábado, 31 de octubre, se celebró una manifestación en Valencia, epicentro del caso ‘Gürtel’ que congregó a 20.000 personas solicitando ‘una renovación de la democracia’.
El sentimiento de ‘todos están podridos’ que aumenta en el seno de la opinión pública, empieza a preocupar a la clase política. El PSOE y el PP declaran estar dispuestos a actuar con rapidez para mejorar la ley sobre la financiación de los partidos políticos, adoptada hace menos de dos años, reformar el funcionamiento de las colectividades municipales y endurecer el código penal para este tipo de delitos. En las encuestas sobre intención de voto, los dos grandes partidos siguen estando codo con codo pero constatan una erosión de su electorado en beneficio de la abstención”.
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