CATALUÑA

Caso "Tres por ciento"/ADIGSA

El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de reforma de pisos por la empresa pública de vivienda de la Generalitat -Adigsa- en la última etapa de gobierno de CiU.

El caso ha tenido una amplia repercusión política, ya que lo abrió la Fiscalía después de que el presidente catalán, Pasqual Maragall, aludiera en el Parlament al presunto cobro de comisiones por parte de CiU cuando aseguró: "ustedes tienen un problema que se llama tres por ciento".

La querella, presentada por la Fiscalía, se dirige contra el ex presidente de Adigsa, Ferran Falcó, y Josep Anton Fontdevila, ex consejero delegado, ambos militantes de CDC, así como contra seis constructores e intermediarios.

El juez instructor ha tomado ya declaración a los ocho imputados por el caso Adigsa -entre ellos al constructor denunciante José Antonio Salguero- y ahora está interrogando a los testigos.

Tarragona

En febrero de 2005, varios ex propietarios de terrenos de Tarragona denunciaron ante el Juzgado presuntas irregularidades urbanísticas en el proyecto de Terres Cavades, que planea la creación de un nuevo barrio con la construcción de 4.872 viviendas.

Acusaban a diversos políticos y constructores de prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa al asegurar que fueron presionados para vender entre los años 1995 y 2001.

Entre los imputados figuran el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona, Angel Fernandez (CiU) -que dimitió-, su hermano, el constructor Juan Fernández, el promotor inmobiliario Jose Luis García y Maria Cinta Itarte, esposa del senador de CiU Lluis Badía.

El proyecto urbanístico de Terres Cavades fue frenado por el Departamento de Política Territorial de la Generalitat. En la actualidad ha finalizado la fase de declaraciones ante el juez y se está a la espera de que decida sobre el posible procesamiento.

Salou (Tarragona)

La Fiscalía de Tarragona investiga, tras recibir documentación enviada por ERC e ICV, la actuación de Esteve Ferran Gombau, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salou e hijo del alcalde del municipio, Esteve Ferran Ribera, quien vendió en 2004 por más de 500.000 euros una finca del municipio que había adquirido en el año 2000 por 30.000 euros, después de que este solar fuera recalificado y pasara a tener un uso residencial-hotelero.

Los dos políticos pertenecen a la formación Ferran Units per Salou (FUPS) que gobernaba el municipio con CiU, formación que decidió abandonar el equipo de Gobierno después de que el alcalde decidiera mantener a su hijo al frente del área de Urbanismo.