MURCIA

Murcia (Aparcamiento San Esteban)

La Fiscalía Anticorrupción investiga, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, la construcción de un aparcamiento subterráneo en el jardín de San Esteban, situado junto a la sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno regional cedió gratuitamente los terrenos al Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el PP, y la construcción fue adjudicada a una Unión Temporal de Empresas formada por "La Generala" y "Gestión de Aparcamientos y Estacionamientos S.A.", que se constituyó 15 días después del acuerdo del gobierno municipal convocando el concurso y cuyo único propietario es un alto cargo del PP en Orihuela (Alicante).

Murcia

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia abrió el pasado marzo diligencias informativas de oficio para averiguar si pueden ser delictivas las actuaciones del jefe de planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, ahora en excedencia, Joaquín Peñalver, al informar sobre proyectos urbanísticos realizados por el despacho de arquitectos que dirigen un hermano y su padre.

El Colegio de Arquitectos abrió un expediente a Peñalver y destacó el alto porcentaje de proyectos que se tramitaban en el despacho de su familia y que era muy superior al de otros Colegios.

Aguilas

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia investiga, a raíz de una denuncia del PSOE, las actuaciones del Ayuntamiento de Aguilas y el Gobierno regional, ambos del PP, en los trámites de desprotección y recalificación en 2005 de 240 hectáreas de suelo de la finca La Zerrichera, para la construcción de unas 4.000 viviendas, un campo de golf, zona comercial y un hotel.

Más tarde se añadió una denuncia de organizaciones ecologistas y un expediente informativo abierto por la Comisión Europea por la posible destrucción de hábitats declarados Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Un concejal del PP, propietario inicial de parte de los terrenos investigados, dimitió. Además cuatro ediles del PSOE pasaron al Grupo Mixto tras ser expulsados por su partido al no participar en un pleno donde debían rechazar la recalificación.

Cartagena

La Fiscalía investiga la compraventa de 500 hectáreas en la finca Lo Poyo, con terrenos protegidos como un saladar, situada a orillas del Mar Menor tras una denuncia presentada por el PSOE por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

En 2004 los terrenos pasaron a manos de personas y empresas vinculadas con la trama marbellí, que lo compran por 213 millones de pesetas, según denuncia el PSOE.

El proyecto urbanístico, que ha suscitado una fuerte polémica, prevé la construcción de más de 2.000 viviendas y complejos hoteleros.

El pasado día 25 de octubre el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, anunció la paralización del expediente urbanístico "porque no se ajusta a la legalidad".

La Unión

La Fiscalía instruye diligencias previas, tras una denuncia de Izquierda Unida que acusaba al equipo de gobierno municipal de La Unión, del PSOE, por presunto trato de favor a la constructora Peinsa y prevaricación en relación con la firma de un convenio urbanístico por el esa empresa restaura la casa del Piñón, edificio modernista del siglo XIX y declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

A cambio se quedará con 500 metros de un total de 3.000 de ese edificio y se recalificarán 450.000 metros cuadrados de terreno rústico con una edificabilidad que, según IU, será superior a la de otras zonas similares y reportará nueve millones de euros.

San Javier (Puerto Mayor)

El proyecto Puerto Mayor consiste en la construcción de un puerto deportivo con mil puntos de amarre en La Manga del Mar Menor así como de más de 800 viviendas, un hotel, un palacio de exposiciones, zona comercial y un campo de golf en 500.000 metros cuadrados ganados al mar mediante el vertido de 1,5 toneladas de áridos.

En junio de 2005, tras una denuncia del Seprona y un posterior recurso administrativo del Ministerio de Medio Ambiente, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordenó paralizar las obras.

En la empresa promotora del proyecto figuraba como consejero Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia.

El PSOE ha presentado una querella criminal contra dos altos cargos del Gobierno regional del PP -el director general del Medio Natural, Antonio Alvarado, y el director general de Transportes y Puertos, Marcos Ortuño- por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por esta misma causa.

San Javier

La Fiscalía del TSJ abrió el pasado mayo diligencias informativas para investigar si la actividad del alcalde de San Javier, José Hernández (PP), como socio de una empresa constructora pudiera ser constitutiva de delito.

Las diligencias se abrieron después de que el primer edil reconociera en diversos medios de comunicación que era socio de la empresa "Nueva Valencia al Mar S.L.", constituida en febrero de 2004, de la que también formaban parte los propietarios de las constructoras Urdemasa y Peinsa, adjudicatarias de numerosas obras públicas realizadas en el término municipal de San Javier.

La Fiscalía abrió poco después diligencias para investigar si existió tráfico de influencias del alcalde en la construcción de la urbanización Señorío de Roda, promovida por Peinsa, que se comenzó a construir y puso en venta antes de aprobarse su plan parcial y proyecto de urbanización.

El Juzgado de San Javier también tramita la querella interpuesta por un grupo de 150 vecinos de Veneziola, situada en la zona norte de La Manga del Mar Menor, por unas supuestas irregularidades en la concesión de licencia para construir 223 viviendas en la zona.

Los Alcázares

La Fiscalía del TSJ de Murcia abrió de oficio una investigación para conocer posibles vinculaciones de la sociedad Masdevallía -intervenida en el "caso Malaya" de Marbella- con dos empresas que operaban en Los Alcázares en las que aparece como administradora única Inmaculada Camacho Escudero, familiar del entonces alcalde de la localidad, Juan Escudero, del PSOE, y cuñada del arquitecto municipal Mariano Ayuso.

Además, un Juzgado de San Javier investiga dos denuncias presentadas por el PP de Los Alcázares contra el gobierno municipal por las presuntas adjudicaciones directas de sendas parcelas a las mismas sociedades.

Los Alcázares

La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el Ayuntamiento por el que la sociedad aportaba 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela de 1.750 metros cuadrados en el centro del pueblo donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas y un aparcamiento de 300 plazas.

El arquitecto municipal está siendo investigado por su presunta relación con la empresa redactora del proyecto del hotel, fundada por este técnico en 1998 y dirigida en la actualidad por un hermano suyo.

En la primera fase de la "Operación Malaya", la policía intervino además en esta localidad costera la explotación agrícola en la finca "La Loma" de Juan Antonio Roca, donde se descubrió un "zulo" con 200.000 euros así como varias obras de arte entre ellos un Miró en el cuarto de baño.

El alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, diputado de la Asamblea Regional por el PSOE, renunció al cargo el pasado mes de septiembre, alegando cuestiones familiares.

Villanueva del Río Segura

El Juzgado número 3 de Cieza tramita diligencias tras la querella criminal presentada por Ecologistas en Acción contra el alcalde de Villanueva del Río Segura, José Luis López (PP), el arquitecto municipal y los tres concejales del equipo de gobierno, por "otorgar licencia ilegal a sabiendas y un delito tipificado en la Ley del Suelo", al otorgar licencia para construir en zona de dominio público hidráulico del río Segura.

Estas presuntas actuaciones ilegales se habrían producido en las obras de urbanización "Spa Valley" situadas en el paraje de La Morra", donde se construyen en una primera fase 236 apartamentos.

Cieza

La Fiscalía abrió el pasado mayo diligencias a raíz de una denuncia de IU de Cieza por los presuntos delitos de prevaricación y falsificación de documento público en un convenio urbanístico por el que se recalifican 270 hectáreas en el paraje de Benís, que pasan de terreno rústico a urbanizable sectorizado para 5.000 viviendas y un campo de golf.

Según denuncia IU, 230 hectáreas recalificadas son propiedad de la hermana de la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Cieza, quien a su vez es nuera del alcalde, Antonio Tamayo, del PP, y votó en pleno la recalificación.