COMUNIDAD VALENCIANA

Orihuela (Alicante)

El alcalde, José Manuel Medina (PP), está imputado por el Juzgado de Instrucción número 4 de esta ciudad de la comarca de la Vega Baja por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Está acusado de disfrutar de bienes como vehículos de lujo y un chalé propiedad de promotores que fueron beneficiados con la adjudicación de planes urbanísticos.

Entre éstos destacan los de Tierras Nuevas I y II, unos 800.000 metros cuadrados que fueron recalificados el 29 de septiembre del pasado año por el Ayuntamiento para permitir la construcción de unas 4.200 viviendas.

Además, los Juzgados de Orihuela investigan otras quince causas de supuestas irregularidades urbanísticas y contables en el Consistorio por los que están denunciados cuatro concejales del PP, varios empresarios y tres asesores municipales.

Medina ha anunciado que descarta volver a presentarse como candidato en las próximas elecciones.

Torrevieja (Alicante)

El alcalde, Pedro Angel Hernández Mateo (PP), está imputado por el Juzgado de Instrucción 4 de esta ciudad por delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en relación a la compra y venta de tres fincas rústicas en Almoradí -municipio de la Vega Baja también gobernados por el PP- que le reportaron, tras su recalificación y venta, más de 5 millones de euros de beneficios.

La denuncia fue interpuesta por Esquerra Unida y el fiscal anticorrupción de Alicante ha asumido la acusación pública en la causa, que se encuentra en fase de instrucción judicial.

Alicante

El Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha imputado al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi (PP), por la adjudicación municipal de la construcción y gestión de tres aparcamientos públicos subterráneos al empresario Enrique Ortiz.

El primer edil y dos concejales de su equipo de gobierno están acusados de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, falsedad, tráfico de influencias y apropiación indebida por modificar el contrato suscrito entre el Ayuntamiento y el promotor para favorecer a éste.

La investigación realizada hasta ahora por el fiscal Anticorrupción de Alicante cifra en, al menos, 2.268.060 euros el perjuicio económico para las arcas municipales como consecuencia de estas modificaciones en el contrato.

El Juzgado ha citado a declarar a los denunciados como imputados. El alcalde, que optará a la reelección, lo hará el próximo 15 de diciembre.

Catral (Alicante)

El Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela sobreseyó provisionalmente el pasado 27 de septiembre la investigación que seguía contra el alcalde, José Manuel Rodríguez Leal (PSPV-PSOE), y su equipo de gobierno, por permitir la edificación ilegal de viviendas en la huerta del municipio, cifradas en más de 1.200. La decisión judicial está recurrida.

La investigación trataba de determinar si el alcalde y los concejales socialistas cometieron un delito de prevaricación al conceder licencias de construcción, en ocasiones contra informes desfavorables del arquitecto y el secretario municipales, para "refugios de labor, obra menor, vallado o almacén agrícola" en la huerta de Catral que en realidad servían para erigir bungalós y edificaciones en serie.

La Generalitat Valenciana asumió las competencias urbanísticas de Catral el pasado 3 de octubre ante "la relajación del Ayuntamiento" frente a la "proliferación exagerada de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y suelo protegido", según anunció el conseller de Territorio y Vivienda, Estebal González Pons.

Zarra (Valencia)

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) presentó el pasado mes de enero una denuncia en los Juzgados de Requena contra el alcalde de Zarra (Valencia), el socialista Juan José Rubio, y tres concejales del PSPV-PSOE por delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude y estafa en la compraventa de inmuebles realizadas por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra SL y por la Mercantil Telyzan SL.

El escrito de denuncia determina que existen indicios racionales de que la adquisición de varios solares por parte de Telyzan fue una "operación urdida para perjudicar al Ayuntamiento de Zarra (al desprenderse de unos bienes cuyo valor económico era muy superior al precio recibido) y beneficiar directamente al hijo del alcalde".

El PSPV-PSOE mantiene la suspensión cautelar de militancia del alcalde y los tres concejales mientras se resuelve el caso.