SOCIOLOGIA, POLITICA Y HUMANIDADES
COMUNICADO DE DENUNCIA DE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL.-
29 de octubre 2009
Ante la denuncia formulada por un joven interno en el Centro Marcelo Nessi de Badajoz por la paliza sufrida el pasado 28 de Julio de 2009 por parte de algunos vigilantes de seguridad del Centro de internamiento, los colectivos firmantes de la presente nota queremos expresar nuestra solidaridad con todos los menores privados de libertad y mostrar nuestro absoluto rechazo a la situación actual del sistema de justicia juvenil y de ejecución de medidas de privación de libertad.
La aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley penal del menor supuso la aplicación de un sistema de vida puramente penitenciario, reflejo del previsto en las cárceles de adultos, a los niños desde catorce años hasta los jóvenes de 21 años. En él priman las medidas de seguridad que obligan a estos niños y jóvenes a crecer en ámbitos disocializadores de inusitada dureza institucional. Reflejo de esta lamentable situación es que al menos ocho menores han perdido la vida en centros de reforma de todo el Estado.
Reclamamos el cumplimiento escrupuloso de las Normas de Beijing para la protección de los menores privados de libertad que prohíben al personal de los centros de menores portar y usar armas. Debemos recordar que las “defensas de goma” están catalogadas como armas en nuestra legislación y que su uso en los centros de internamiento está restringido y sometido a estricto control.
Exigimos que se depuren las responsabilidades que procedan a fin de determinar quién concedió la preceptiva autorización a los vigilantes, del Centro Marcelo Nessi de Badajoz, para utilizar las defensas de goma contra un menor ya engrilletado y en qué momento exacto y a qué autoridad judicial se dio cuenta de la utilización de medios coercitivos. Igualmente solicitamos que se investigue si las defensas se encontraban debidamente custodiadas por la dirección del centro como exige el Reglamento.
Solicitamos a los jueces y fiscales que extremen la vigilancia y control sobre los centros de ejecución de medidas, especialmente en lo que a la aplicación de los medios de contención, registros y cacheos con desnudo integral se refiere, así como que se realicen visitas de inspección sin previo aviso y entrevistas frecuentes con los menores.
Reivindicamos la dignidad de los menores y jóvenes privados de libertad, a los que habitualmente se despoja de su credibilidad restando importancia a sus quejas sobre el funcionamiento de los centros. No podemos dejar de cuestionarnos qué destino legal habría tenido esta denuncia si no hubiera imágenes que avalaran el testimonio del menor.
Reclamamos una reflexión profunda acerca de la jurisdicción de menores y de su sistema de protección y reforma. Es preciso cuestionar la idoneidad de la privatización de los centros y la externalización de los servicios de seguridad interior. Dejar a los menores sometidos a entidades lucrativas que siguen criterios de mercado no parece un ejercicio de responsabilidad adulta.
Reivindicamos las adopción de medidas de apoyo a la familia, de responsabilización social y comunitaria, de fomento de la igualdad de oportunidades, de reconocimiento de la diversidad dotando de alternativas reales a los procesos de escolarización. Sólo así abandonaremos el actual modelo puramente penal que ha distorsionado en el imaginario colectivo el espacio social de la infancia y de la adolescencia y recuperaremos la confianza de que la infancia y la juventud son el bien más preciado de una sociedad.
Entidades firmantes:
Asociación Apoyo, Madrid
Asociación La Tavaya, Logroño
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Asociación PreSoS, Galicia
Asociación Rizomar, Madrid
Coordinadora de Barrios, Madrid
Madres Unidas Contra la Droga, Madrid
Saltando Charcos, Burgos.
29 de octubre 2009
Ante la denuncia formulada por un joven interno en el Centro Marcelo Nessi de Badajoz por la paliza sufrida el pasado 28 de Julio de 2009 por parte de algunos vigilantes de seguridad del Centro de internamiento, los colectivos firmantes de la presente nota queremos expresar nuestra solidaridad con todos los menores privados de libertad y mostrar nuestro absoluto rechazo a la situación actual del sistema de justicia juvenil y de ejecución de medidas de privación de libertad.
La aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley penal del menor supuso la aplicación de un sistema de vida puramente penitenciario, reflejo del previsto en las cárceles de adultos, a los niños desde catorce años hasta los jóvenes de 21 años. En él priman las medidas de seguridad que obligan a estos niños y jóvenes a crecer en ámbitos disocializadores de inusitada dureza institucional. Reflejo de esta lamentable situación es que al menos ocho menores han perdido la vida en centros de reforma de todo el Estado.
Reclamamos el cumplimiento escrupuloso de las Normas de Beijing para la protección de los menores privados de libertad que prohíben al personal de los centros de menores portar y usar armas. Debemos recordar que las “defensas de goma” están catalogadas como armas en nuestra legislación y que su uso en los centros de internamiento está restringido y sometido a estricto control.
Exigimos que se depuren las responsabilidades que procedan a fin de determinar quién concedió la preceptiva autorización a los vigilantes, del Centro Marcelo Nessi de Badajoz, para utilizar las defensas de goma contra un menor ya engrilletado y en qué momento exacto y a qué autoridad judicial se dio cuenta de la utilización de medios coercitivos. Igualmente solicitamos que se investigue si las defensas se encontraban debidamente custodiadas por la dirección del centro como exige el Reglamento.
Solicitamos a los jueces y fiscales que extremen la vigilancia y control sobre los centros de ejecución de medidas, especialmente en lo que a la aplicación de los medios de contención, registros y cacheos con desnudo integral se refiere, así como que se realicen visitas de inspección sin previo aviso y entrevistas frecuentes con los menores.
Reivindicamos la dignidad de los menores y jóvenes privados de libertad, a los que habitualmente se despoja de su credibilidad restando importancia a sus quejas sobre el funcionamiento de los centros. No podemos dejar de cuestionarnos qué destino legal habría tenido esta denuncia si no hubiera imágenes que avalaran el testimonio del menor.
Reclamamos una reflexión profunda acerca de la jurisdicción de menores y de su sistema de protección y reforma. Es preciso cuestionar la idoneidad de la privatización de los centros y la externalización de los servicios de seguridad interior. Dejar a los menores sometidos a entidades lucrativas que siguen criterios de mercado no parece un ejercicio de responsabilidad adulta.
Reivindicamos las adopción de medidas de apoyo a la familia, de responsabilización social y comunitaria, de fomento de la igualdad de oportunidades, de reconocimiento de la diversidad dotando de alternativas reales a los procesos de escolarización. Sólo así abandonaremos el actual modelo puramente penal que ha distorsionado en el imaginario colectivo el espacio social de la infancia y de la adolescencia y recuperaremos la confianza de que la infancia y la juventud son el bien más preciado de una sociedad.
Entidades firmantes:
Asociación Apoyo, Madrid
Asociación La Tavaya, Logroño
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Asociación PreSoS, Galicia
Asociación Rizomar, Madrid
Coordinadora de Barrios, Madrid
Madres Unidas Contra la Droga, Madrid
Saltando Charcos, Burgos.