Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Cooperación Territorial, mintió al Congreso de los Diputados cuando afirmó el pasado mes de junio que su hija no había tenido participación alguna, “ni como apoderada ni como nada”, en la polémica ayuda a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa).

 En la aprobación de esa subvención participó el mismo Chaves cuando aún era presidente de la Junta de Andalucía, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse.

Francisco López Rubio, el apoderado que formalizó ante la Junta y en nombre de Matsa la petición del incentivo, ha reconocido a EL MUNDO que trabajó con Paula Chaves Iborra a lo largo de toda la tramitación del expediente, en contra de lo afirmado por su padre.

La versión de Chaves, ahora desmentida, fue asumida tanto por el Ejecutivo autonómico como por la Fiscalía, aunque el Tribunal Supremo aún tiene que pronunciarse sobre la querella presentada por el PP por prevaricación administrativa y tráfico de influencias por los casi 10,1 millones de euros concedidos a la firma apoderada por su hija. “Paula Chaves era la directora de la asesoría jurídica y, evidentemente, siendo abogado, como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa”, asegura López Rubio.

Ahora que se sabe que la hija de Chaves codirigió la tramitación del expediente, parece más evidente que su padre nunca debió participar en la aprobación de la ayuda, señala este rotativo que también apunta que “Justicia y Fiscalía” han quedado en entredicho y denuncia la “versión manipulada del PSOE andaluz”, que mandó el pasado julio 61.000 cartas para que todos sus militantes tuvieran la versión oficial del partido sobre el escándalo por el incentivo aprobado por Chaves a favor de la empresa apoderada por su propia hija, que la dirección socialista calificó de “cacería” contra el vicepresidente tercero del Gobierno.

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