La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional será la encargada de decidir el cierre o bloqueo de aquellas páginas web que permitan descargas que vulneren los derechos de propiedad intelectual.

Un juez de este tribunal dispondrá de un máximo de cuatro días para tomar las medidas cautelares contra la web denunciada tras un proceso administrativo. Estas medidas están contempladas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que pasará ahora a diversos órganos consultivos antes de su llegada al Parlamento.

El anteproyecto establece que la Comisión de propiedad Intelectual, un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, sea quien reciba las denuncias de los afectados por la piratería. La Comisión tras completar el proceso pedirá al juez el bloqueo de la web.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, afirmó que se trata de una propuesta mixta “muy equilibrada” que incluye trámites administrativos pero da la última palabra a los jueces.

Por su parte, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, indicó que será la Audiencia Nacional la competente en esta materia porque en estos casos de propiedad intelectual es “muy difícil” ubicar en qué lugar se encuentra la página o el emisor que infringen los derechos.