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La propuesta del Gobierno de elevar dos años, hasta los 67, la edad de jubilación, para llegar a unas condiciones semejantes a las que han establecido los principales países de nuestro entorno ha sido recibida con profundo malestar por la opinión pública, reacia a consentir el recorte de derechos e impactada de que no somos tan ricos ni tan afortunados como se nos quiso hacer ver en más de un momento de euforia.

Y este malestar ha conducido hasta el agravio comparativo: nuestros parlamentarios (que por cierto ya llevan a día de hoy 48 días de vacaciones de verano) disfrutan de un régimen especial de seguridad social que los privilegia.

El caso es que los parlamentarios sí pueden jubilarse a los 60 años si han trabajado durante 40 años. Además, disfrutarán de la pensión máxima si han ejercido como diputados o senadores durante un mínimo de siete años. Y en todos los casos, y puesto que no pueden acogerse al seguro de desempleo, podrán acogerse a prestaciones singulares que les garanticen suficiente cobertura personal.