La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado ya suficientes indicios de delito en la adjudicación de obras en la Junta de Castilla y León como para haber pedido en los últimos días al juez Antonio Pedreira, que instruye la investigación del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que remita al Supremo las últimas conclusiones policiales donde se dibuja la implicación de aforados en el caso.

Algunos siguen haciendo de la política su cortijo y se creen que todo el monte es orégano.

Según informa EL PAÍS, las supuestas actividades irregulares que han motivado esta petición se recogen en varios informes policiales que señalan la implicación de aforados en el cobro comisiones de obras públicas de la Junta, gobernada por el PP.

¿Irán a la cárcel o seguirán como otros muchos después de años de juicios?

Las investigaciones apuntan a José Manuel Fernández Sánchez, que fue consejero de Obras Públicas del Gobierno de Castilla y León y ahora preside el Parlamento autonómico. El ex consejero aparece como presunto comisionista de la trama corrupta a cambio de adjudicaciones de carreteras.

 El 3% del presupuesto de una de las carreteras adjudicadas por la Junta, 96.100 euros, aparecía en la contabilidad de la trama Gürtel repartido entre distintas personas identificadas con iniciales que la policía atribuyó a Fernández Santiago, al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y al diputado nacional Jesús Merino. Estos dos últimos están ya imputados por el Tribunal Supremo.

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