La investigación judicial abierta contra el presidente de la diputación Provincial de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra, por presuntos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) y fraude fiscal llega a su recta final.

Según informa EL PAÍS, los peritos judiciales están rematando su informe sobre el marasmo de ingresos (5,3 millones de euros sin justificar) y cuentas corrientes del dirigente políticos y sus familiares directos.

Durante los seis años auditados, Fabra, a través de sus cuentas personales o familiares, registró más de 240 entregas de dinero en metálico; ingresó más de 130 cheques, muchos de ellos al portador; sumó cerca de 80 operaciones por transferencias bancarias y registró una treintena de abonos por un total de 30.000 euros. El total de todas estas operaciones suma 70 veces su sueldo de presidente de la Diputación (fijado en 1999 en 73.000 euros anuales). Según fuentes de la investigación, “se ha repetido año tras año el modus operandi de 1999, año en el que Fabra ya fue acusado de delito fiscal. No ha habido una sorpresa cualitativa, sino cuantitativa”.