El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, reclamó ayer a la Generalitat Valenciana que identifique a los “máximos responsables” de los 17 organismos públicos que adjudicaron contratos a empresas de la trama “sin que signifique por ello prejuzgar sobre ninguna responsabilidad”.

El requerimiento se produjo a instancias de la fiscalía anticorrupción y después de recibir el Informe de la Unidad de Auxilio Judicial, que revela que entre 2004 y 2009 la Generalitat y sus organismos autónomos firmaron 85 contratos con empresas de la trama Gürtel.

La portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez, defendió “la honestidad y la legalidad” de las contrataciones y calificó las afirmaciones de “infamias, mentiras y difamaciones”.

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, dijo que su partido no descarta emprender acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la utilización “fraudulenta” de pruebas en el caso.

Trillo denunció la “manipulación de las terminales del Gobierno, a través de la Fiscalía y de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en este asunto”. Según dijo, los contratos que han motivado el requerimiento del juez, “fueron todos validados por la Sindicatura de Cuentas de Valencia” y remitidos al juez Baltasar Garzón, quien “no encontró nada reprochable ni ilícito” en ellos.

Por otro lado, el juez Pedreira admitió la personación del PSPV-PSOE como acusación popular en la instrucción del caso. Asimismo, ha pospuesto por motivos de servicio para el próximo 18 de mayo la declaración de Álvaro Pérez, El Bigotes, que estaba prevista para el 7 de mayo.