El Gobierno suprimirá casi un centenar de subdirecciones generales con la finalidad de ahorrar unos 8 millones de euros, dentro del plan de reducción de la estructura de la Administración estatal, según anunció ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien acudió al Congreso para explicar la reducción salarial de los funcionarios. De paso pudo haber aprovechado para decirnos los nuevos puestos a los que irán dichos cargos públicos y en su caso si se incorporan a sus actividades laborales previas o se han jubilados.    

La vicepresidenta primera explicó que la decisión supone la segunda fase del plan de reducción de altos cargos, cuya primera fase supuso el ahorro de 16 millones de euros. Si la administración puede funcionar si dicho altos cargos habrá que pedir responsabilidades a los distintos gobiernos por haber despilfarrado el dinero público para colocar amígueles de los diferentes partidos y con ello que se den también por aludidos los señores del PP.

 De la Vega también anunció una reducción del número de vacantes en la Administración, que pasan del 8% al 5%. Esperemos que tal medida no sea el principio de las privatizaciones de los servicios públicos.

Asimismo, María Teresa Fernández de la Vega anticipó la presentación de una ley de la Función Pública de la Administración General del Estado para el próximo otoño, cuyos criterios serán, según explicó, la incentivación del trabajo productivo y la dedicación “eliminando desigualdades y rigideces retributivas”. Nos llevamos toda la vida reformando la función publica pero nunca acometemos las medidas que mejoren su organización y el problema no son los funcionarios sino los cargos públicos que sin conocimiento gestionan lo publico desde gerencia de hospitales, a delegaciones de empleo, pasando por cualquier oficina de la administración donde ostenta la jefatura el impuesto por el partido.

Por lo que se refiere a la reducción salarial de los trabajadores públicos en un 5%, la vicepresidenta argumentó que la misma está amparada por el Estatuto Básico del Empleado Público, donde se contempla la posibilidad, dijo, de “suspender o modificar los pactos y acuerdos excepcionalmente y por causa grave de interés público, derivada de una alteración sustancia de las circunstancias económicas”. Esperemos que por las mismas circunstancias se eliminen asesores, viajes, y el despilfarro permanente.

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