SOCIOLOGIA, POLITICA Y HUMANIDADES
En total hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán. Es decir, más de 77.000 privilegiados, contabilizando sólo altos cargos. En realidad, es tal el descontrol que no hay en España ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado. Y no sólo lo que cobran. El Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios en esas fechas y contribuyen a un montante total de 2.200.000 euros de gasto.
En España no existe una ley sobre los obsequios que pueden aceptar los políticos, mientras en otros países como EE UU pasan directamente al Estado. Aquí, sin embargo, hay políticos que se apropian de regalos que ni siquiera les corresponden: Carod Rovira se quedó con una lanza que un jefe indígena de Ecuador regaló al pueblo catalán.
Hacienda sólo retiene un 4,5% de las nóminas de diputados y senadores. Un régimen fiscal especial similar al de una ONG, aunque no hay nada más lejano: sin límite para las comidas de representación ni fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros. A algunos esto no les parece suficiente y se dedican a gastar el dinero público en prostitución. El concejal de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, gastó más de 50.000 euros en prostitutos y bares de ambiente; el alcalde de Pinto, más de 10.000 euros en un reloj y en fiestas nocturnas.
Los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al mes para gastos de manutención y alojamiento. Los locales, 870 para gastos. Por supuesto, todo libre de impuestos. La suma de estos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Cobran, además, 150 euros cada día si salen al extranjero y 120 si viajan por el país. El Congreso de los Diputados regala, además, una tarjeta personalizada con un saldo de 250 euros mensuales para que puedan viajar en taxi por Madrid. Y sus señorías también cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono.
Aunque el colmo del descontrol se encuentra en la política local y autonómica, porque cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos electos sin ningún control. Alcaldes de localidades de alrededor de 1.000 habitantes gozan de sueldos de 4.000 euros mensuales. En municipios más grandes, el sueldo también lo es: la alcaldesa de Marbella cobra más que el presidente del Gobierno. Esta semana se defendía de las críticas a los pluses de sus concejales, que suponen 73.000 euros al año.
Su salario, sumados los complementos de más de 9.500 euros, se queda en 85.920 euros, algo exagerado para un ayuntamiento que está en bancarrota. Pilar Sánchez ha defendido que se trata de trienios, algo reconocido, ha dicho, en el Estatuto de los Trabajadores.